Siete fiscales fueron despedidos por investigar al presidente regional de Ancash
Viernes, 24 Enero 2014 - 11:42am
(Foto: larepublica.pe)
Chimbote
en Línea (Anticorrupción).- Una investigación preliminar al Fiscal de
la Nación, José Antonio Peláez, sobre presuntas irregularidades en el
apartamiento de sus cargos de un grupo de fiscales en Áncash, camina a
paso de tortuga en el organismo competente, el Consejo Nacional de la
Magistratura (CNM). Los fiscales investigaban al presidente regional
César Álvarez. La hipótesis que subyace en la investigación es que
Álvarez está protegido por la cúpula del Ministerio Público.
El CNM investiga por lo menos ocho remociones, a partir de una
denuncia del congresista Modesto Julca. En Áncash decenas de denuncias
por supuestos actos de corrupción han sido archivadas por el Ministerio
Público. Buena parte de ellas se refiere a adquisiciones públicas,
algunas realizadas por la Organización de Estados Iberoamericanos (OIE).
−Casi todo lo que se investiga se archiva –dijo un fiscal del
departamento, confidencialmente−. Hay como cincuenta casos que están
muertos o dormidos.
La Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público, a
cargo del voceado próximo Fiscal de la Nación, Carlos Ramos, no ha
prestado atención a los archivamientos masivos. Más bien mostró un celo
extremo contra fiscales que investigan al presidente regional César
Álvarez. En adelante, siete casos de muestra.
CHOCANDO CON CHOCANO
Un cambio significativo fue el del fiscal adjunto provincial penal
Luis Checa Matos, actualmente objeto de un pedido de destitución por
parte del jefe de Control Interno, Carlos Ramos. Antes, en 2012, Checa
mereció una suspensión decretada por Ramos y anulada por la Junta de
Fiscales Supremos. Aunque el motivo inmediato del castigo fue haber dado
una alerta que derivó en la inspección de una camioneta en que viajaba
el presidente regional –se sospechaba que llevaba dinero para pagar
ilícitamente a prosélitos−, en su informe Ramos menciona como
antecedentes las continuas denuncias que Checa hacía a la autoridad.
Esto es, su celo investigador.
Ahora Checa ya no está en funciones anticorrupción y Ramos ha vuelto a
la carga con un pedido a la Junta de Fiscales Supremos para despedirlo.
(Su caso merecerá una nota especial en El Informante). No fue el único
perseguido. Otros colegas suyos ya no están en el Ministerio Público,
aparentemente por los mismos motivos.
En 2012, Carmen Berrocal Gonzales era fiscal provincial provisional
en Nuevo Chimbote. Le tocó investigar el asesinato del fiscal de Casma,
Luis Sánchez Colona, muerto a tiros el mismo año. Uno de los sospechosos
era, y es, Jack Castillo, prominente contratista del gobierno regional.
Berrocal empezó a investigar los contratos entre Castillo y la
administración Álvarez. Fue despedida luego de una audiencia judicial en
la que pidió y obtuvo la orden de detención del presunto autor
intelectual.
Cuando supo de su destitución, Berrocal no se calló, y
declaró a la prensa de Chimbote:
−Es por chocar con el gobierno regional y las licitaciones de Jack Castillo.
Un fiscal provisional es un cargo de confianza del Fiscal de la
Nación. No lo amparan mecanismos de remoción como un fiscal titular. Su
estabilidad depende del criterio, acertado o no, del Fiscal de la
Nación. Un provisional despedido no tiene cómo reclamar.
CORAZONES PARTIDOS
El 11 de diciembre del 2012, el Fiscal de la Nación dio por concluido
el destaque de Nancy Moreno en la Fiscalía Anticorrupción del Santa,
donde, ante el cúmulo de denuncias, le había puesto la lupa al
gobierno regional. Por entonces, desconocidos amenazaban
abiertamente
a los fiscales no domesticados, ante el silencio del jefe de todos
ellos, Hugo Farro. Moreno sacó la cara para defenderlos públicamente.
Peláez la regresó a su fiscalía de origen en Huaraz, donde era
titular. Desde luego, esta decisión es formalmente irreprochable, y
podría no despertar sospechas en otras circunstancias. Cuando la
cambiaron, hubo marchas de protesta en Chimbote. En abril del 2013,
Moreno regresó nombrada por el Consejo Nacional de la Magistratura a la
Fiscalía Superior Anticorrupción del Santa, de donde la habían retirado.
Su nombramiento fue un parto de los montes en el CNM.
Cuando el CNM evaluaba a Moreno para nombrarla en el Santa,
inicialmente se produjo una votación aprobatoria. Pero luego el
consejero Gastón Soto Vallenas, uno de los que votó a favor, pidió
reconsiderar, sin éxito, la votación. El proceso de nombramiento de
Moreno movilizó tanto a los allegados a Álvarez, cuanto a quienes
apoyaban a los fiscales anticorrupción.
Desde ambas orillas hubo manifestaciones de repudio y apoyo. El CNM
también tiene el corazón partido, pues hay por lo menos dos consejeros
allegados a Álvarez. El estudio jurídico de uno de ellos, Vladimir Paz
de la Barra, lo ha representado legalmente. La consejera Luz Marina
Guzmán postuló con Álvarez al Congreso en la lista del Frente
Independiente Moralizador en el año 2000. Son dos de cinco. Un tercero,
Máximo Herrera, delegado del Ministerio Público, representa para todo
efecto la línea oficial de esta entidad, puesta en tela de juicio por la
investigación.
CUATRO CABEZAS
En junio del 2011, Juan Calderón, ex aliado político de César
Álvarez, reveló la existencia de un centro de operaciones ilícitas del
presidente regional. Mencionó que se recibían interceptaciones
telefónicas y se pagaban sobornos. De inmediato el fiscal provincial
anticorrupción, Javier Estrada, notificó en su domicilio a Calderón para
tomarle declaraciones en regla. Después de dos manifestaciones de
Calderón, y ante la evidencia de que había que atar muchos cabos, el
fiscal coordinador César Jiménez tomó la carpeta. Dos semanas después,
un juez autorizó el allanamiento.
En el minuto en que Jiménez y su gente se disponían a proceder, lo
llamó el fiscal decano Hugo Farro, pidiéndole apersonarse en su
despacho. Jiménez tuvo el bueno tino –malo para su futuro como fiscal−
de indicarle a su colega Javier Estrada que continuara con la
diligencia.
Estrada allanó, pues, el inmueble, mientras Jiménez iba a reunirse con
Farro en su oficina. Estaban allí el presidente regional César Álvarez y
los congresistas Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo. Ellos
protestaban por el allanamiento, aduciendo que era una venganza de
Calderón.
Jiménez no se dejó presionar. Al final de esta reunión, de acuerdo
con su manifestación ante la fiscal anticorrupción Yeni Vilcatoma, hecha
el 17 de octubre del 2012, ocurrió lo siguiente: “Incluso al terminar
la entrevista con los congresistas y el presidente regional César
Álvarez, el doctor Hugo Dante Farro Murillo, en su condición de
presidente de la Junta de Fiscales del Santa, me dijo en tono de
advertencia que tuviera cuidado en la realización de la diligencia de
allanamiento, ya que el señor César Álvarez tenía mucha influencia y
mucho poder con dos fiscales supremos en el Ministerio Público”.
El allanamiento encontró un chip que ha desaparecido, pero no las
evidencias que Calderón denunció. El congresista Benítez y Álvarez
promovieron públicamente la queja contra los fiscales que intervinieron,
cuatro de los cuales fueron destituidos: los ya mencionados Estrada y
Jiménez, además de Miguel Ángel Vilca y Christian Aceijas. Como eran
provisionales, el Fiscal de la Nación podía despedirlos sin explicación,
pero de todos modos pidieron una entrevista con él. Estuvieron dos días
en los pasillos del Ministerio Público sin ser recibidos. El segundo
día vieron salir del despacho a César Álvarez y a Heriberto Benítez. “Lo
comprobamos in situ”, declaró el ex fiscal Estrada. Más tarde,
intentando una rehabilitación, Estrada logró entrevistarse con el jefe
de Control Interno, Carlos Ramos. Ramos, de acuerdo con Estrada, se
quedó dormido durante la entrevista.
−Yo lo desperté, diciéndole que se estaba quedando dormido. Me dijo
que era insolente, pero yo le dije que no, que yo no me estaba quedando
dormido
.
El ministerio d